Multas de 600 euros a los puestos de los mercadillos que dañen el mobiliario

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J. Alonso / M.J. Fernández
Mercadillos como el del Charco de la Pava o San Jerónimo, que actualmente operan al margen de la legalidad, serán regulados con la nueva ordenanza municipal del comercio ambulante que se espera aprobar en el Pleno del día 18. Entre las sanciones están multas de hasta 600 euros por dañar el mobiliario urbano.
Prácticas tan habituales y poco recomendadas en los mercadillos de Sevilla como la de no tener licencia ni libro de reclamaciones, no indicar el precio de los artículos, no dar ticket de compra o deteriorar el mobiliario urbano con la instalación de puestos tienen sus días contados.
La nueva ordenanza reguladora del ejercicio del comercio ambulante en mercadillos –un compromiso de Gobierno de IU con el que se trata de sacar esta actividad de la ilegalidad y la clandestina– creará un órgano municipal (la Oficina del Comercio Ambulante en Mercadillos) que, entre sus funciones, se encargará de dar o retirar licencias, así como mandar inspecciones con posibles sanciones en caso de que se detecten infracciones.
El documento, que se aprobó el jueves en la Junta de Gobierno, delimita (aunque no concreta) las ubicaciones (de fácil acceso), las dimensiones de los puestos, los horarios de venta (de 9.30 a 15.00 horas), así como los servicios y los permisos de los que debe disponer para solicitar la licencia a la Oficina del Comercio Ambulante, que recogerá todas las peticiones y, en caso de selección, seguirá unos criterios de baremación como carga familiar, disfunciones y la antigüedad del ejercicio de la venta ambulante en el mercadillo que se trate y en cualquier otra modalidad en Andalucía.
La licencia de carácter anual y la placa identificativa se le entregará al solicitante que reúna las condiciones entre ellas que tenga el carné de vendedor ambulante. serán intransferibles.
La ordenanza exige que estos vendedores expongan al público la placa identificativa, así como los precios de las mercancías y el libro de reclamaciones.
Además han de entregar comprobante de venta, detallando puesto, artículo, precio y fecha. Prohibe además el uso de megáfonos y otros medios electrónicos como reclamos. La ordenanza municipal prohibe la venta de animales vivos.
Policía Local y los Servicios Municipales quedan facultados para inspeccionar y denunciar. Las sanciones van desde los 60 euros por no tener expuesto al público la placa identificativa y el precio de la mercancía, hasta los 600 por deteriorar el mobiliario urbano.