El Gobierno central y los autonómicos todavía pueden meter la tijera en las televisiones, diputaciones, empresas públicas, móviles, coches oficiales...
PALOMA CERVILLA / MADRID
Día 21/08/2011
España, con un déficit del 9,2 por ciento de su Producto Interior Bruto, un paro del 21 por ciento y casi cinco millones de parados y una deuda de 680.000 millones de euros, tiene que enfrentarse a una profunda regeneración de sus instituciones. Unas administraciones públicas cuyo gasto se ha desbocado, como se refleja en la deuda de 6.208 millones de las diputaciones, de 52.000 de las empresas públicas o 1.480 de las televisiones autonómicas.
La grave y profunda crisis económica que atraviesa España ha obligado al Gobierno de Zapatero a realizar una serie de reformas para recortar el gasto público y reducir el déficit del Estado. La Unión Europea le ha instado una y otra vez a que se tome en serio el deterioro de la economía española y a que vaya más allá, ya que lo que ha hecho hasta ahora no es suficiente.
Los socialistas no tuvieron más remedio que aprobar el mayor recorte social de la Historia (bajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones y flexibilizando el despido), pero a ellos o al futuro Gobierno de Rajoy les tocará poner fin a los gastos superfluos que no hacen sino engordar el déficit. Se ha tocado el bolsillo a los españoles, pero ahora hay que aplicar la tijera al lujo innecesario que se ha instalado en las distintas administraciones públicas (central, autonómica, municipal y diputaciones provinciales).
Un boato al que todas las administraciones, sean del signo político que sea, tienen que poner freno actuando con firmeza sobre el presupuesto desbocado de las televisiones autonómicas, la creación de empresas públicas, el papel de las diputaciones, el gasto en teléfonos móviles, coches oficiales, gastos de publicidad y representación.
A todo ello hay que sumar el recorte en la estructura de los distintos gobiernos autonómicos, reduciendo el número de consejerías y sus correspondientes delegaciones provinciales, de altos cargos y de personal de confianza. Además, hay que evitar las duplicidades de competencias que se están produciendo entre las distintas instituciones.
La sangría del gasto también tiene una vía en la contratación de personal interino en las administraciones, en detrimento de los funcionarios. Éstos defienden que se aproveche la capacidad de los funcionarios y no se dedique el dinero a contrataciones externas, que lo único que hacen es disparar el gasto de personal, precisamente lo que se tiene que contener.
A los populares les está tocando gestionar el boquete económico que los socialistas han dejado en las cuentas públicas. Lo primero que han hecho es limitar a diez el número de consejerías y reducir los altos cargos. Se ha paralizado la contratación de asesores e incluso hay alcaldes que a la vez son diputados autonómicos y que han renunciado a su sueldo. Solo cobran de los Parlamentos.
El despilfarro, punto por punto
Diputaciones
El debate sobre la utilidad de las diputaciones provinciales se ha instalado en la opinión pública. ¿Realmente son necesarias unas instituciones que manejan un presupuesto de 22.000 millones y cuyas competencias son mínimas? Dan empleo a 77.036 trabajadores y servicio a 15 millones de ciudadanos. Pero su deuda también es muy elevada, ya que asciende a 6.208 millones de euros.
Las opiniones son contradictorias. Los socialistas, que han tenido en estas instituciones la gran herramienta para conservar el voto en los pequeños municipios de Andalucía y Extremadura, ahora, cuando han perdido poder, plantean su supresión. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha lanzado esta propuesta, con gran oposición dentro de su partido que siempre ha defendido la utilidad de la mismas. De hecho, el propio Rubalcaba se opuso a su eliminación cuando así lo planteó el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Rubalcaba cifró en mil millones el ahorro que supondría la desaparición de los 1.040 diputados provinciales. Pero después de esta propuesta inicial, el candidato socialista ha dado un paso atrás y ahora sólo habla de transformarlas y repensar su función.
Los populares se han opuesto a la propuesta socialista y acusan a Rubalcaba de querer dejar sin servicios a estos quince millones de personas. El PP propone como alternativa eliminar primero los asesores.
Televisiones autonómicas
Las televisiones autonómicas se han convertido en una máquina de devorar dinero, que está asfixiando a los gobiernos autonómicos. La dimensión de estos grupos de radiotelevisión empieza a cuestionarse ahora que la crisis económica azota las cuentas públicas y empiezan a alzarse voces que piden su desaparición.
Las cifras son demoledoras. Los 13 grupos de televisiones autonómicas que hay en España (todas, salvo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra) manejaban en 2010 un presupuesto de 1.860 millones, pero su deuda global asciende a 1.480,6 millones, según un estudio de Uteco (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). Estas televisiones dan empleo a unas 10.000 personas. Cada ciudadano que vive en una comunidad que tenga televisión autonómica pone de su bolsillo 140 euros para su mantenimiento. Y un dato que permite conocer la dimensión del coste que suponen estos medios de comunicación, es que es superior al dinero que el presidente del Gobierno quiere conseguir congelando las pensiones en 2011. Hay casos llamativos, como Canal Sur, con 232,2 millones, y Cataluña, con 324.
A pesar del coste político que puede suponer el cierre de algunos de estos canales autonómicos, el nuevo presidente de Baleares, el popular José Ramón Bauzá, va a clausurar la Radio y Televisión de Mallorca. Algún presidente autonómico popular, como Esperanza Aguirre, también es favorable a la privatización.
Empresas públicas
Las empresas públicas son otro agujero en las arcas del Estado, con el agravante de que escapan a cualquier control del Tribunal de Cuentas o de los respectivos parlamentos autonómicos. Las administraciones públicas han encontrado en estos órganos la vía más fácil para colocar a dedo a los trabajadores y para distribuir subvenciones sin ningún tipo de fiscalización.
En España, este sector ha tenido un crecimiento espectacular, ya que en diez años se ha multiplicado un 78 por ciento. Actualmente, el número de empresas públicas es de cerca de 4.000, con una deuda que ronda los 52.000 millones de euros, lo que supone más de un 5 por ciento del PIB.
Hay casos realmente llamativos como Andalucía, con 369 empresas que, gracias a un decreto de la Junta, ha hecho fijo a unos 20.000 funcionarios que entraron a dedo.
Móviles
Los funcionarios utilizan unos 340.000 teléfonos móviles pagados con dinero público, según el informe Reina elaborado en 2011 por el Ministerio de Administraciones Públicas. Solo los que se utilizan en la Administración central tienen un coste de 108 millones de euros.
Coches oficiales
El parque móvil que está al servicio de todas las administraciones del Estado ronda los 35.000 vehículos, de los que sólo las autonomías tienen 1.200. El coste de mantener esta flota de vehículos, en muchos casos de alta gama, es de unos 240 millones de euros al año.
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