Los vecinos reclaman 900.000 euros por daños del parking de Ronda de Triana Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Los vecinos reclaman 900.000 euros por daños del parking de Ronda de Triana Imagen de archivo de las obras del aparcamiento. RAÚL DOBLADO G. GAMITO. SEVILLA Publicado Viernes, 19-12-08 a las 08:43 Los vecinos afectados por las obras del aparcamiento subterráneo de Crucero Baleares van a presentar una reclamación patrimonial por daños valorados en casi 900.000 euros, según las estimaciones establecidas en el informe que ha realizado el catedrático de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Sevilla Antonio Jaramillo. Los cuatro bloques afectados por las obras son los que componen la Intercomunidad de Ronda de Triana 3: los números 32 y 34 de la calle Manuel Arellano, el 18 de Ronda de Triana y el 9 de la calle Manuel Macías Míguez. El abogado que representa los intereses vecinales, Enrique Yrazusta, explicó a Europa Press que en el informe encargado por los afectados se califican los desperfectos de «severos» y se advierte que la evaluación definitiva se encuentra pendiente de un análisis exhaustivo de los daños menores. Los perjuicios, dice el informe, alcanzan a prácticamente todos los elementos del edificio. Además, el número, longitud y espesor de las grietas o la inclinación del edificio, ha aumentado «considerablemente» respecto a los datos detectados en el primer informe arquitectónico encargado por la comunidad de propietarios. La portavoz vecinal Concepción Sánchez dice que aunque no saben exactamente cuantos milímetros se ha desplazado el bloque 34, el más afectado, lo que sí es cierto «es que el edificio no ha dejado de moverse y esto es lo más duro y lo más grave». Asimismo, los ensayos de penetración realizados en septiembre de 2008 por encargo de la comunidad indican que el terreno bajo el edificio ha sufrido una pérdida de consistencia «muy importante» por el arrastre de materiales provocado por los trabajos. Y es que la obra, según el catedrático Jaramillo, está «mal diseñada», con defectos en el estudio geotécnico previo a la obra, en el proyecto y en la ejecución. Estos factores quedan establecidos como causas «inequívocas» de los daños aparecidos en los edificios de la Intercomunidad de Ronda de Triana 3 y es que según el informe de Jaramillo, ni las pantallas ni los arriostramientos, ni el cálculo geotécnico se han llevado a cabo correctamente, lo que ha acabado llevando a un arrastre del terreno y a una pérdida de la compactibilidad del suelo. Según Enrique Yrazusta, la valoración definitiva «está pendiente de ser afinada», puesto que aún se sigue teniendo constancia de daños, si bien los daños constatados en el informe arrojan un coste de reparación de «no menos de 880.000 euros». Señalan los vecinos que los daños son continuos. Así, además de las filtraciones de agua de este verano, a un vecino del 34 se le levantó el suelo de la cocina la semana pasada. Y según comenta Concepción Sánchez, las dos arquetas de los bloques 32 y 34 han sido destrozadas por la obra. Al reparar las aceras las han dejado rotas: «Dentro de unos meses Emasesa dirá que las arreglen y levantaran de nuevo las aceras», dijo. Los vecinos van a convocar una reunión en la que se dará cuenta del informe y de sus conclusiones, y se pedirá que se informe de los daños que puedan aparecer en los pisos y que no aparezcan reflejados en el documento. Trece meses de miedo Las obras del aparcamiento comenzaron en el verano de 2007 y fue el 7 de noviembre cuando se detectaron los primeros problemas graves de grietas y desplazamientos, que no han cesado en estos trece meses. A primeros de marzo de este año los vecinos decidieron interponer un recurso contencioso administrativo porque el Ayuntamiento no les daba tranquilidad y el bloque 34 continuaba desplazándose. El día 5 de marzo el juez ordenó paralizar las obras por seguridad ya que todos los peritos aconsejaban que las obras continuasen y era mejor para los edificios afectados que se colocaran cuantos antes las losas de hormigón. En mayo, pasado las cuatro comunidades de propietarios acordaron emprender acciones para exigir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento para reparar daños «comunes y privativos», así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
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