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La inmensa mayoría de los españoles están de acuerdo, como no podría ser de otra manera, con que la ley se cumpla por parte de todos, con que nadie pueda hacer otra cosa que no sea respetar las reglas básicas de la democracia.
Por supuesto, el Parlament catalán está incluido en ese todos genérico. Y, por supuesto, eso es justo lo que no se está haciendo allí, poniendo en peligro la paz social que tanto trabajo ha costado conseguir en España y que nos permite vivir pensando que pertenecemos a una sociedad acogedora, plural y sensata.
En Cataluña se han fulminado las garantías democráticas, algo que no puede consentir el Gobierno de Mariano Rajoy ni ningún otro que tenga un mínimo sentido de Estado. Si se debe aplicar el artículo 155 de la Constitución española o es la Ley de Seguridad Nacional la que se elige para evitar que este conflicto, planteado por parte del parlamento catalán, que así sea. Porque es inconcebible que se esté hablando de respetar la ley y que parezca que se tiene miedo a su aplicación. Quien evita cumplir con lo que dicta la legislación española, los políticos independentistas, está cometiendo un delito y eso, en circunstancias normales, se debe pagar por la pena que impongan los jueces. La sedición es una fechoría y sedición es lo que está planteándose en el Parlament.
Por si era poco, el espectáculo totalitarista al que estamos asistiendo es, por lo menos, vergonzoso. Si uno de los pilares sobre los que se sustenta toda su forma de entender la política y el futuro de una sociedad, ahora quebrada, es el totalitarismo y el ridículo político provocado por la agresión a las formas, cualquier cosa que hagan o digan los secesionistas estará deslegitimado y caerá en sus propias trampas hasta convertirse en pura algarada ideológicamente vacía.
El Gobierno tiene la obligación de dejar claro que vivimos en un Estado de derecho y que eso es el gran tesoro del que cualquier ser humano puede disfrutar. No vale con que esta situación se cierre en falso y que el pueblo español quede instalado en la creencia de vivir en un país sin recursos para garantizar su integridad. Los líderes políticos del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos, hablan de firmeza y proporcionalidad. Que sean firmes en su postura y en las medidas que tomen. Pero también que esas medidas sean proporcionales a lo que se enfrenta la sociedad española, que es la situación más grave desde el intento de golpe de Estado del 11 de febrero de 1981.
La aplicación de la ley sin complejos se hace imprescindible.
